En el marco de más de 40 días desde que se destaran las manifestaciones en el país, Carabineros ha inciado más de 200 son las acciones judiciales desde la semana pasada con el apoyo de la Corporación de Asistencia Jurídica para Carabineros (Defcar), un grupo de abogados que conformaron un equipo para defender a Carabineros imputados o agredidos. Las querellas van desde lesiones de los cuerpos policiales, hasta incriminaciones a la institución por su trabajo durante la crisis social.

Según consignó el Mercurio, para esta semana se espera que la Defcar ingrese una querella por el ataque con bombas molotov contra dos funcionarias de la institución-que resultaron con quemaduras en el rostro en medio de las protestas ocurridas en Plaza Italia el 5 de noviembre.

Además, el pasado fin de semana el grupo defensor adelantó eventuales acciones judiciales contra Mon Laferte; en su momento, la cantante declaró que «hay muchos casos en donde la misma policía y los militares fueron quienes estuvieron incendiando«.

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Así también lo manifestó Klaus Dreckmann, el abogado que fue desvinculado de la Fiscalía por dichos que relacionan a Carabineros con los siniestros del Metro ocurridos el 18 de octubre.

El organismo puso a cargo al fiscal nacional, Jorge Abbott, para que tome declaraciones a ambos y que, de esta forma, entreguen los eventuales antecedentes que tengan para sustentar «tales graves imputaciones».

Cabe destacar que la Defcar también se había querellado por el delito de homicidio frustrado por el ataque a una patrulla, registrado el 19 de noviembre. «Producto de esta brutal agresión, los funcionarios –superados en número por la turba- resultaron con diversas lesiones, lo que obligó al jefe de patrulla a hacer uso de su armamento de servicio, toda vez que peligraba la vida de los uniformados», aseguró en su minuto la institución en comunicado.

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Sumado a lo anterior, entre las otras acciones judiciales que están sobre la palestra, está una denuncia por el hackeo a la base de datos de Carabineros ocurrida a fines de octubre, lo que reveló  más de 10 millones de archivos de inteligencia policial y datos personales de funcionarios de inteligencia policial y datos personales de funcionarios. 

La acción legal surge después de que Interferencia revelara documentos filtrados en el hackeo al sistema informático de la institución que evidencian el seguimiento a dirigentes sociales de organizaciones laborales, gremiales, estudiantiles y académicas calificados como «blancos de interés», entre ellos, los integrantes del Magisterio.