Hoy, casi al mismo tiempo de la suspensión de la COP25 y la APEC en Chile, se entregó la acusación constitucional en el Congreso en Valparaíso. La iniciativa busca responsabilizar a Andrés Chadwick, ahora exministro del Interior, por las violaciones a los DD.HH. durante el Estado de Emergencia y toque de queda vivido en Chile.
La acusación constitucional recibió a última hora el apoyo de la Democracia Cristiana. Sin embargo, aún se encontrarían evaluando su permanencia, ya que su apoyo es “a ciegas”. Sin embargo, no apoyarán la acusación que también se quiere hacer contra el presidente Sebastián Piñera.
Así se sumaron al Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Humanista, Partido por la Democracia, Partido Radical, Frente Amplio y partidos regionales de oposición al gobierno de Piñera.
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Los capítulos
La Tercera tuvo acceso a la acusación que constaría con dos capítulos. En el primero se acusaría a Chadwick de “haber infringido la Constitución y las leyes y haber dejado estas sin ejecución al omitir adoptar medidas para detener violaciones sistemáticas a los DD.HH. durante la vigencia de las declaratorias de estado de emergencia en territorio nacional”.
También se le acusaría de “haber comprometido gravemente el honor y la seguridad de la Nación y de haber infringido la Constitución al participar de la declaración del estado de emergencia y afectar derechos no contemplados en dicho estado de excepcionalidad constitucional”.
Como principal argumento se presentarían las querellas vinculadas a tortura y tratos crueles ha interpuesto el INDH.
El siguiente paso de la acusación tiene que ver con la selección de una comisión de cinco diputados por parte de la cámara baja. Esta debe ser elegida totalmente al azar, y deberá analizar e informar si se procede con la acusación o no.
De llegar a ser aceptada y votada por los diputados, el Senado resolverá como jurado, limitándose a declarar al ministro como culpable o inocente. De ser declarado culpable, Chadwick no podrá desempeñar ninguna función pública por el plazo de cinco años, sea de elección popular o no.
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