Este miércoles senadores de distintas bancadas firmaron un acuerdo por la paz social, los derechos humanos y el orden público, asegurando que "día a día se suceden nuevos hechos de violencia que afectan la vida y el trabajo de nuestros compatriotas".
Este acuerdo consiste en cuatro medidas. La primera es pedirle al Gobierno "implementar una agenda social profunda con cambios estructurales para enfrentar las desigualdades de nuestro país"; la segunda es avanzar en una agenda legislativa de seguridad "que incluye proyectos que permitan reformar las policías e inteligencia, y fortalecer las facultades del Estado para enfrentar los saqueos, barricadas y la acción violenta de los delincuentes".
La declaración por la Paz Social, los Derechos Humanos y el Orden Público que suscribimos en el @Senado_Chile representa un compromiso transversal con la democracia. Para ello, es fundamental frenar la ola de violencia en las ciudades. El diálogo y la paz deben ganar. pic.twitter.com/PiLb6UHtwh
— Jaime Quintana (@senadorquintana) November 28, 2019
La tercera medida del documento es hacer "un llamado al Gobierno, al Ministerio Público y a los Tribunales de Justicia para usar todas las herramientas legales vigentes para identificar y sancionar a los responsables de los desmanes cometidos", y la cuarta es señalar que "el Presidente de la República dispone de las herramientas constitucionales para restablecer el orden público y la seguridad del país, y deberá velar por el respeto de los DDHH de todos los chilenos y chilenas".
"Todos los que suscribimos este documento condenamos la violación de los DD.HH, concurrimos a un acuerdo Constitucional, y estamos trabajando en la construcción de una agenda de reformas económicas y sociales que la ciudadanía ha demandado de manera contundente", señalaron en el documento.
El acuerdo llega después de que el Presidente Sebastián Piñera se dirigiera al país para pedir un alto a la violencia y el apoyo del Congreso a aprobar leyes de seguridad en donde se incluye: el proyecto de ley antiencapuchados, el proyecto de ley antisaqueos, el proyecto de ley antibarricadas y el proyecto que permite proteger la infraestructura crítica del país de parte de militares.
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