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Contraloría rechaza revisión de mochilas de alumnos del Instituto Nacional

La iniciativa era parte de una serie de medidas en respuesta a los hechos de violencia que han ocurrido este año en el establecimiento.

La Contraloría General de la República decidió rechazar la revisión de las mochilas a estudiantes del Instituto Nacional,  una propuesta elaborada por la Municipalidad de Santiago e impulsada por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.

En un documento publicado con fecha 10 de septiembre, el organismo indicó que "no procede que la Municipalidad de Santiago establezca un procedimiento que implique que personal de esa entidad edilicia revise las mochilas de los alumnos".

La iniciativa era parte de una serie de medidas explicitadas en el documento "Diez medidas urgentes para devolver el IN a sus alumnos". Esto en respuesta a "los hechos de violencia extraordinarios" que han ocurrido este año en el recinto.  Según lo señalado por el jefe comunal de Santiago y sostenedor del establecimiento, la medida iba a ser ejecutada por funcionarios de la Dirección de Educación de la comuna y no por Carabineros.

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Respuesta ante la polémica medida

Ante esta situación los concejales Natalia Contreras Figueroa y Alfredo Morgado Travezán acudieron a la Contraloría para presentar un escrito en donde cuestionaron la legalidad de la medida impuesta por el municipio. El concejal Morgado sostuvo que la medida es “ absolutamente inconstitucional, ilegal y violenta a tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile e incluso lo que hace es agudizar contradicciones al interior de una comunidad escolar que ya se encuentra resquebrajada".

Al respecto, el fallo de la Contraloría expresó que la Constitución “asegura a todas las personas el respeto y la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia" que con esta medida "ese derecho puede verse afectado”.  Además el organismo agregó que el municipio deberá tomar las medidas “necesarias para ajustar sus actuaciones (…) debiendo informar a esta entidad.

Además, el ente contralor fundamentó su decisión en la Convención Internacional de los Derechos del Niño promulgada en Chile en 1990. A partir de ello destacaron que “ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y reputación”.


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