El debate político y judicial se instaló luego de que se diera a conocer la polémica decisión del Gobierno de firmar administrativamente la rebaja de condenas para 56 personas condenadas por delitos de violación y abuso sexual contra menores de edad.
La medida generó inmediatas reacciones y críticas transversales. Muchos cuestionaron el procedimiento adoptado por el Ejecutivo frente a estos graves casos..
Para abordar esta contingencia, en una nueva edición de la sección "El Tecito Informativo" en Safari Rock & Pop, los periodistas Kevin Felgueras y Macarena Hansen explicaron los antecedentes clave de la medida.
Durante el espacio, Kevin Felgueras detalló el marco legal que rige estos casos, recordando que se trata de personas condenadas por hechos ocurridos antes del año 2022.
"El 2022 se estableció una normativa que las personas condenadas por delitos sexuales contra menores no van a recibir beneficio carcelario y además que esos delitos son imprescriptibles", contextualizó Felgueras.
La polémica rebaja de condena a violadores y abusadores de menores
La polémica se conoció a través de una publicación de Interferencia, donde se detalló la firma administrativa por parte del Ejecutivo. Ante los cuestionamientos, el ministro de la cartera salió a explicar los fundamentos de la decisión adoptada.
"Salió el ministro a explicar cuál fue la determinación y dijo: 'Acá no se está haciendo nada más que cumplir la ley, y la ley nos mandata a que se tiene que otorgar este beneficio'", citó el periodista.
Sin embargo, el núcleo de la controversia radica en la diferencia respecto a los gobiernos anteriores. Las anteriores administraciones requerían que estas peticiones sigan un camino judicial estricto antes de cualquier firma del Ejecutivo.
"En los gobiernos de Piñera y Boric, estos requerimientos se rechazaban. O sea, se decía por parte del Poder Ejecutivo: 'No, vaya y pídaselo a la justicia'. Tenían que ir a la justicia, pagar un abogado, presentar un recurso de amparo, que la Corte Suprema se los aprobara y, una vez aprobado por la Corte Suprema, el gobierno tenía que decir 'okay, lo firmo administrativamente'", detalló Kevin Felgueras.
La explicación que dio el Gobierno
Desde el Ejecutivo se argumentó que la decisión respondió a una lógica de economía procesal debido a la existencia de precedentes en el máximo tribunal. No obstante, en "El Tecito Informativo" se advirtió que la Corte Suprema no emite un criterio unificado y automático en cada situación.
"Como ya existe jurisprudencia, esto es lo que dijo el ministro, como ya existe jurisprudencia de que la Corte Suprema siempre aprueba esto, nosotros decimos se lo aprobamos. Lo que no se entiende es que la Corte Suprema no siempre dice que sí", argumentó Kevin Felgueras.
En la misma línea, la ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, abordó la polémica. La magistrada señaló que, de haber llegado los casos al tribunal, se habría analizado cada expediente de forma individual y detallada.
"Caso a caso. No existe una jurisprudencia que tú digas 'como en este caso se falla siempre a favor, el gobierno va a hacer economía procesal'. No siempre se falla a favor del delincuente", concluyó Kevin Felgueras en el espacio radial.
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