La controversia por la rebaja de penas a reos condenados por delitos sexuales alcanzó un nuevo nivel de tensión política. Tras una áspera sesión especial en la Cámara de Diputados, parlamentarios de oposición confirmaron la presentación de una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de calificar su defensa como insuficiente.
Los parlamentarios argumentaron que el secretario de Estado no logró justificar la decisión de otorgar los polémicos beneficios, los cuales beneficiaron a responsables de abuso infantil. Además, los congresistas criticaron que la autoridad gubernamental abandonó el hemiciclo antes de que se votaran los proyectos de resolución.
Las duras críticas de la oposición y el pedido de renuncia
La diputada Gael Yeomans (FA) fue una de las principales voceras del bloque opositor, tildando la medida gubernamental como un acto “absolutamente aberrante e injustificable”. La legisladora advirtió sobre el peligro de liberar a ofensores sexuales y responsabilizó directamente al Gobierno por este “garrafal” fallo institucional según ADN.
En la misma instancia, Gael Yeomans confirmó que las bancadas opositoras aprobaron una solicitud de renuncia formal dirigida al Presidente José Antonio Kast. El petitorio exige la salida inmediata del ministro Fernando Rabat y del subsecretario Luis Silva. Esto porque, argumentan, ambos incumplieron su principal obligación: la protección de niños y niñas.
“Estamos convencidos que un error como este no puede ser aceptado ni avalado por el Congreso Nacional, y vamos a trabajar seriamente en la construcción de los argumentos de la acusación constitucional”, detalló la parlamentaria.
Yeomans agregó que, ante la negativa del Mandatario a solicitar las dimisiones, el Poder Legislativo ejercerá todas sus herramientas de fiscalización.
Plazo vencido y presentación del libelo
Por su parte, la diputada Daniela Serrano (Partido Comunista) recordó que el bloque otorgó un plazo perentorio de 48 horas para que el Ministerio de Justicia entregara los antecedentes completos de los decretos cuestionados.
Según la parlamentaria, dicho requerimiento no se cumplió a cabalidad. Esto precipitó la decisión de avanzar con el libelo acusatorio en contra de las autoridades gubernamentales.
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