Las cuentas de la luz en Chile enfrentarían un importante incremento a partir de abril de 2026, configurando un nuevo golpe al bolsillo de los hogares.
El alza podría llegar hasta un 25% en algunos casos, dependiendo del consumo y de la situación particular de cada cliente. Este aumento se enmarca en un proceso de regularización de deudas de la luz acumuladas durante años anteriores.
¿A qué se debe este aumento en las tarifas de la luz?
De acuerdo con lo informado por el medio The Clinic, el origen de esta situación se remonta al congelamiento de las tarifas eléctricas aplicado entre 2019 y 2024, medida implementada inicialmente para mitigar los efectos del estallido social y posteriormente de la pandemia.
Sin embargo, esta decisión generó una deuda millonaria con las empresas distribuidoras de electricidad, que hoy supera los $730 mil millones. A partir de abril, comenzará el proceso de cobro de estos montos pendientes mediante un mecanismo de “reliquidación”.

Esto significa que las compañías eléctricas deberán calcular cuánto adeuda cada cliente y prorratear ese monto en un periodo de hasta 48 meses. Como resultado, las boletas de la luz incluirán un cargo adicional que se sumará al consumo habitual.
El impacto no será uniforme. Mientras algunos usuarios podrían enfrentar aumentos moderados cercanos al 5%, otros verían incrementos mucho más significativos, que en ciertos casos alcanzarían hasta el 25%. Esto dependerá principalmente del nivel de consumo eléctrico y de la deuda acumulada durante el periodo de congelamiento tarifario.
Para enfrentar esta situación, el Gobierno ha propuesto una alternativa que busca suavizar el impacto. Se establecería un cargo fijo mensual cercano a los $1.450 por hogar durante cuatro años, junto con un subsidio dirigido al 40% más vulnerable de la población.
Según detalló la ministra de Energía, Ximena Rincón, “el promedio por hogar era 1.450 pesos, pero puede ser 7.000, 15.000, 50.000 o nada”.
Esta medida pretende distribuir el costo de manera más equitativa y evitar que los sectores de menores ingresos se vean desproporcionadamente afectados.
No obstante, la propuesta ha generado críticas. Algunos expertos cuestionan que un cargo fijo no refleje las diferencias de consumo entre usuarios, lo que podría resultar injusto para quienes utilizan menos luz y energía.
También se advierte que este nuevo aumento se suma a una seguidilla de alzas en servicios básicos, presionando aún más el costo de vida.
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