El Gobierno encabezado por el presidente José Antonio Kast anunció un ajuste presupuestario en materia de seguridad que alcanzará cerca de $72 mil millones durante 2026.
La medida responde al recorte transversal del 3% instruido por el Ejecutivo a todas las carteras. Asimismo, tendrá impacto en programas, asignaciones policiales y convenios con distintas instituciones.
¿Qué aspectos de la seguridad ciudadana afectará este recorte?
Según explicaron autoridades del Ministerio de Seguridad, el objetivo de la medida es reorganizar los recursos sin afectar funciones críticas de seguridad pública. Sin embargo, el alcance de los recortes ha generado cuestionamientos de algunos legisladores.
En el Congreso, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, junto al subsecretario Andrés Jouannet, detallaron los programas que se verán afectados. Entre ellos, el “Plan Nacional contra el Crimen Organizado” verá reducido su financiamiento en $583 millones. Además, el “Plan Calles sin Violencia” tendrá una baja de $1.787 millones, principalmente asociada a convenios con las policías.
Asimismo, el programa “Barrios Prioritarios” sufrirá un recorte de $3.525 millones, vinculado a acuerdos con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y se reducirá el presupuesto destinado al seguimiento de causas judiciales en $10 mil millones.
Las instituciones policiales enfrentarán ajustes importantes en sus presupuestos. Carabineros de Chile verá una disminución de $11.000 millones en gasto de personal. Igualmente, sufrirá una baja de $4.700 millones en bienes y servicios, incluyendo recursos destinados a mantenimiento de vehículos, infraestructura y cuarteles.
Por su parte, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) tendrá un recorte de $16.669 millones en su presupuesto general. Además, perderá $13.266 millones en el ítem de personal. Esto podría afectar convenios específicos dentro del “Plan Calles sin Violencia”.
Pese a la magnitud de los recortes, el subsecretario Jouannet enfatizó que estos no comprometerán la operatividad de las instituciones ni su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Según explicó, los ajustes están orientados a reasignaciones internas y convenios específicos, por lo que las funciones esenciales de seguridad seguirán operando con normalidad.
No obstante, la medida ha generado debate en el Congreso, donde algunos legisladores advirtieron que reducciones en programas y convenios podrían terminar afectando indirectamente la percepción de seguridad de la ciudadanía.
Sigue a Rockandpop.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.
