El Gobierno de Chile anunció la reactivación del cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) para los deudores que mantienen pagos pendientes, comenzando por quienes perciben ingresos superiores a $5 millones mensuales.
La medida busca recuperar recursos fiscales y asegurar el cumplimiento de las obligaciones estudiantiles.
“El objetivo es reforzar la recaudación fiscal, en un contexto de estrechez económica en el país”, señaló una fuente del Ejecutivo.
Cobros judiciales y embargos: cómo funciona
Según el abogado y socio fundador de DefensaDeudores.cl, Ricardo Ibáñez, el fisco puede perseguir la deuda del CAE mediante juicios ejecutivos, pero para embargar cuentas, bienes raíces, vehículos u otros bienes debe hacerlo dentro de un proceso judicial formal.
“Para poder embargar cuentas corrientes, bienes raíces, bienes muebles o vehículos de los deudores, debe hacerse dentro de un proceso judicial”, explicó Ibáñez.
El especialista también advirtió que muchos deudores aún no han sido demandados o que sus deudas podrían estar afectadas por plazos de prescripción.
“Al existir la intención por parte del Estado de perseguir el cobro, los deudores podrán defenderse alegando defensas legales pertinentes”, agregó.
Opciones del Estado y límites legales
Cuando el Estado asume el cobro de la deuda tras garantizarla, puede retener devoluciones de impuestos o compensar indemnizaciones pendientes, según detalló Ibáñez.
“Si el Estado ha pagado la garantía estatal, puede perseguir el cobro respecto a los deudores sin que opere la prescripción”, aclaró el abogado.
Sin embargo, existen límites legales. Ciertos bienes esenciales no pueden ser embargados y el proceso debe seguir las normas del Código de Procedimiento Civil chileno, según consignó ADN.
Recomendaciones para deudores
Los expertos recomiendan contactar a un abogado especializado, revisar posibles errores o defectos de forma en la cobranza, y evaluar negociaciones directas con la Tesorería.
Estas acciones pueden permitir regularizar la deuda o detener el proceso judicial antes de que afecte bienes o cuentas bancarias.
“Muchos deudores han logrado frenar juicios o hacer acuerdos incluso cuando la TGR inicia acciones”, concluyó Ibáñez.
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