En un fallo divido, la Corte de Apelaciones de Talca acogió este miércoles 11 de marzo un recurso de protección presentado en contra de la AFP Provida, ordenándole restituir a José Eduardo González Uribe la totalidad de sus fondos previsionales en un plazo máximo de 30 días.
La Primera Sala del tribunal de alzada decretó que negar la restitución de los fondos de González infringía el derecho de propiedad, garantizado por la Constitución.
“Frente a la existencia de dos derechos que parecen contradecirse -seguridad social y propiedad-, debe tenerse en consideración que el primero aparece como un derecho futuro y eventual -requiere que la persona esté viva-, que además es financiada por el propio cotizante. En tanto el segundo, se trata de un ejercicio inmediato y que guarda relación directa con su calidad y condiciones de vida del recurrente, la libertad en las capacidades de ejercicio y de goce de sus derechos, entre ellos, el de propiedad, sin que pueda obligarse a un control, sea del Estado o de alguna entidad privada, como la recurrida, para el cumplimiento de las obligaciones del Estado. La seguridad social es por definición un derecho, más no una obligación para las personas“, argumenta el fallo.
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