Diputados del Partido Socialista ingresaron este jueves a la Cámara un proyecto de ley que busca prohibir el uso y porte de armas, explosivos, fuegos artificiales y artículos pirotécnicos.
La iniciativa, fue promovida por Marcelo Díaz y firmada por Maya Fernández, Jaime, Naranjom Luis Rocafull y Raúl Saldívar y tiene como slogan “Chile sin armas”.
Según información proporcionada por el Mercurio, el proyecto espera endurecer la actual Ley de Control de Armas, que permite a las personas mayores de 18 años acreditar la existencia real del uso de armamento. "La seguridad e integridad de las personas se encuentra en evidente peligro. En manos inescrupulosas, las armas son una poderosa herramienta para la intimidación y perpetración de delitos", dice el texto.
Hoy ingresé un proyecto de ley que prohíbe adquirir, tener, portar y usar armas a civiles (con excepción de FF.AA., policías y deportistas); y que aumenta las penas por delitos que contempla la Ley sobre Control de Armas. pic.twitter.com/E8WnEtAbCi
— Marcelo Díaz (@marcelodiazd) September 12, 2019
La propuesta de los parlamentarios contrasta con la de José Antonio Kast, quién planteó revisar la Ley para extender la tenencia responsable para la defensa personal.
Al respecto, en el escrito se señala que "contrarios a quienes en forma afiebrada e irresponsable proponen una regulación más laxa a la Ley de Control de Armas, en aras de la 'defensa personal' (desconociendo deliberadamente que la labor de seguridad de las personas le corresponde al Estado), quienes suscribimos esta moción proponemos un mayor nivel de rigurosidad en la legislación, de manera de prohibir el acceso de la sociedad civil a las armas".
Las empresas autorizadas para portar armamento serían Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, Gendarmería, Dirección General de Aeronáutica Civil y empresas autorizadas para fabricar, importar o exportar armas.
Junto a lo anterior, también estarán autorizadas las compañías que almacenen y manipulen explosivos para trabajos de minería. Según lo expresado en el proyecto, una vez entrada en vigencia la ley los ciudadanos tendrán un plazo de un año para entregar sus armas a las autoridades facultadas para su tenencia.