El documento papal que dio a conocer el Papa Francisco respecto de los abusos en la iglesia, penaliza por primera vez el encubrimiento de estos. Por supuesto, el escrito no dejó indiferente a la comunidad eclesial de Chile.
Las nuevas formas que se establecieron para enfrentar los casos de abusos en la iglesia Católica, que tiene 10 páginas y es de carácter universal, comenzará a regir desde el 1 de junio. La idea surgió del encuentro llamado “La protección de los menores en la Iglesia”, que se realizó en febrero en el Vaticano.
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Lo que propone el documento es que fija un plazo de 90 días de investigación de cada caso y define los casos específicos de abuso. Además, apunta a que cada iglesia de cada país, defina un mecanismo que sea eficiente para cada denuncia y entrega directrices de cómo investigar a los obispos. Recordemos que en nuestro país, los obispos no están obligados a denunciar casos de abuso a la Fiscalía.
Opiniones en Chile
Al conocerse el contenido del documento en nuestro país, automáticamente se generaron reacciones. Para el presbítero y doctor en Derecho Canónico de la Universidad Gregoriana de Roma, Francisco Walker, "es un paso importante y muy positivo". Destacó que el documento deja clara la obligatoriedad para denunciar que tendrán los obispos, además de como se debe abordar el proceso de denuncia hacia un líder religioso. Recalcó también la importancia de la protección hacia la víctimas.
Por su parte, la abogada canonista y vocera de Voces Católicas, Valeria López, indicó que “una vez más el Papa muestra que este tema le preocupa. El Pontífice quiere comprometer a las autoridades de la Iglesia”, además de que “fija un plazo de 90 días para llevar a cabo todas las investigaciones eclesiales”, expresó.
Además se refirió a la obligatoriedad de los obispos a denunciar los casos de abuso. "No creo que se desencadene una oleada de denuncias. En el último tiempo ya se han recibido muchas y pese a que ahora quedó por escrito esta obligación, en los últimos años se ha generado una conciencia de que moralmente ya era algo obligatorio”.
El miembro de la comunidad de laicos de Osorno, Juan Carlos Claret, dijo que este documento papal “es un avance, porque se establecen criterios uniformes, tanto para las investigaciones contra religiosos de congregaciones como de sacerdotes diocesanos". Sin embargo, advirtió que de esta forma, “los antecedentes seguirán siendo almacenados en archivos secretos, de difícil acceso para el Ministerio Público”.