Lavado de activos y recepción de dinero ilícito son los delitos por los que la Fiscalía de Perú solicitó 20 años de prisión para el expresidente Ollanta Humala, quien estuvo al mando del país vecino entre 2011 y 2016.
Las acusaciones vienen por casos de sobornos vinculados con la constructora brasileña Odebrecht y también incluyen a su esposa, Nadine Heredia, y al partido político de Humala.
De acuerdo a testimonios de exdirectivos de Odebrecht, la firma brasileña habría entregado dinero para la campaña presidencial de Humala de 2011, a petición del Partido de los Trabajadores de Brasil.
Según la fiscalía, parte de los fondos habrían ingresado al Partido Nacionalista Peruano y otra parte fueron utilizados para elevar el patrimonio personal del exmandatario y su esposa.
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Lo que pide la Fiscalía: 20 años para Humala y 26 años para su esposa
El fiscal del caso, Germán Juárez, solicitó una condena de 20 años para Humala y 26 años y 6 meses para Heredia. A la esposa del expresidente se le acusa de ocultamiento de bienes y fondos de la campaña de 2006, cuando Humala intentó por primera vez llegar a la presidencia.
Cabe recordar que tanto Humala como Heredia pasaron nueve meses en prisión preventiva por el caso Odebrecht.
Este mismo caso, ha involucrado a otros tres presidentes peruanos: Pedro Pablo Kuczynski, que cumple un arresto domiciliario de tres años, y Alejandro Toledo que está luchando contra un pedido de extradición desde Estados Unidos. El tercero fue Alán García, quien se suicidó el 17 de abril de este año, minutos después de que fiscales llegaran a su domicilio para tomarlo preso.
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La respuesta de la defensa de Humala
De acuerdo a El Comercio, César Nakazaki, abogado de Humala y Heredia, dijo que solo aceptarán “que el fiscal acuse con pruebas producidas en la etapa de investigación preparatoria” y no con documentos o testimonios introducidos después de cerrarse la misma.
Julio Espinoza, abogado de Heredia, estimó que el caso podría tardar hasta tres años para llegar hasta la última instancia en la Corte Suprema. “El gran dilema jurídico será decidir si un aporte para una campaña política es un delito de lavado de activos y nosotros tenemos desarrollada toda una teoría de que ello no es posible”, aseguró.