El Ejecutivo solicitó la renuncia formal al subsecretario de Justicia, Luis Silva, en medio de un nuevo y severo remezón político. La salida de la autoridad se concretó este viernes tras la polémica firma de decretos que otorgaron beneficios y rebajas de condenas a agresores sexuales.
La medida convirtió a Luis Silva en la autoridad número 59 que abandona su puesto en la administración del presidente José Antonio Kast. La decisión de La Moneda respondió a la alta presión generada por los polémicos beneficios a reos condenados por delitos contra menores y violaciones a los derechos humanos.
Las firmas cuestionadas y la investigación penal
El rol del militante del Partido Republicano quedó en el centro de las críticas al constatarse su firma directa en los decretos. Luis Silva actuó como ministro subrogante de la cartera cuando se visaron las rebajas de penas que desataron la furia opositora en el Congreso Nacional.
El conflicto escaló judicialmente luego de que la Fiscalía Nacional derivara los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte. De esta forma, el Ministerio Público inició una indagatoria penal contra el ministro Fernando Rabat y el propio Luis Silva por el presunto delito de prevaricación administrativa.
El video de la discordia que aceleró su salida
Pese a que el Gobierno intentó blindar a las autoridades y el presidente José Antonio Kast admitió que "el Estado falló", la relación interna se quebró definitivamente por un factor comunicacional. Luis Silva publicó de forma autónoma un video explicativo en sus redes sociales sin consultar al ministro Fernando Rabat.
En el registro, el exsubsecretario defendió su actuación al invocar la llamada “doctrina Rabat”. La autoridad argumentó que aplicó la normativa por obligación legal ante fallos de la Corte Suprema para evitar detenciones ilegales.
Sin embargo, el accionar solitario fue interpretado como un quiebre de la línea oficial. La Moneda determinó su salida para descomprimir la tensa relación con el Parlamento y apagar el fuego político según ADN.