El Ministerio de Justicia, liderado por Fernando Rabat, despidió a tres funcionarias encargadas del Plan de Búsqueda, programa creado durante la administración de Gabriel Boric.
Sobre una de ellas se dice que "no cuenta con las aptitudes específicas que se necesitan para implementar los nuevos lineamientos" de las autoridades entrantes.
Hoy 31 de marzo, la firma del ministro de Justicia, Fernando Rabat, oficializó la salida de Paulina Zamorano de la cartera. Esto ocurrió luego de que el secretario de Estado terminara anticipadamente la designación a contrata de quien se desempeñaba como jefa del programa de Derechos Humanos del ministerio.
De acuerdo con The Clinic, durante este martes se ejecutaron las salidas de tres personas del Ministerio de Justicia. Estas personas estaban a cargo de áreas claves del plan, lanzado en 2023 por el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero.
A Zamorano, líder de todo el grupo, le siguió Tamara Lagos, quien se desempeñaba como jefa del área de archivos e investigación documental. También se sumó Magdalena Garcés quien ocupaba el cargo de jefa del área de búsqueda y trayectorias.
Las razones del despido de este equipo de trabajo del Plan de Búsqueda
Según el documento, las razones de la salida radican en la confianza del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, con el equipo de la administración Boric.
“Esta confianza es requerida en atención al cargo. Se trata de una colaboradora directa e inmediata del Subsecretario de Derechos Humanos, y a que dentro de sus funciones se encuentra el ejercicio de acciones judiciales“, dice una parte del escrito.
Asimismo, se sostiene que “esta autoridad ha llegado al convencimiento que doña Paulina Zamorano Valenzuela no cuenta con las aptitudes específicas que, en esta nueva etapa, se necesitan para implementar los nuevos lineamientos que asume esta Subsecretaria de Derechos Humanos. Por tanto, no se ajusta al perfil de cargo que, para esta nueva fase, se estima indispensable”.
Allí se menciona la especial “relación de confianza que debe fluir” entre el subsecretario y la jefatura de la unidad del programa de derechos humanos. A esta se le reconoce como “máxima responsable del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia”.
La decisión, ejecutada bajo la administración del presidente José Antonio Kast y su ministro Fernando Rabat, se produce en un clima político inestable.