La madrugada de este domingo 18 de enero, el presidente Gabriel Boric Font decretó estado de catástrofe para las regiones de Ñuble y Biobío, debido a la emergencia climática que enfrentan estas zonas del país.
Ambas regiones enfrentan una crítica situación a causa de los incendios forestales de gran magnitud. La emergencia ha obligado a evacuaciones masivas de cerca de 20.000 personas y ha consumido miles de hectáreas.
En el marco constitucional, esta decisión busca agilizar la acción del Estado ante este tipo de escenarios que requieren capacidades de respuesta extraordinarias.
¿Qué implica el estado de catástrofe?
De acuerdo a la información de La Tercera, el estado de catástrofe permite la toma de control de las Fuerzas Armadas. Por esto, el gobierno podrá designar a un Jefe de la Defensa Nacional en las regiones afectadas por los incendios.
En ese contexto, la autoridad que se designe debe colaborar con las policías y autoridades civiles en el resguardo del orden público y el apoyo en labores de emergencia.
Además, el estado de catástrofe restringe algunas libertades específicas. Se pueden establecer toques de queda o prohibiciones de reunión si el caso lo amerita. Esto, con el fin de resguardar la seguridad de la población.
También, para alcanzar mayor agilidad en las movilizaciones de los incendios, el estado de catástrofe permite al Ejecutivo disponer de bienes y recursos de manera más rápida.
Lo anterior igualmente puede implicar el control temporal de maquinaria pesada, camiones aljibe o predios privados para combatir el fuego.
En adición a eso, con el estado de catástrofe, el presidente Boric puede saltarse la burocracia habitual para la compra de suministros y contratación de brigadas externas.
Cabe señalar que, bajo este régimen, se facilita la ayuda directa a personas damnificadas, como albergues, entrega de alimentación, apoyo sanitario y eventuales beneficios económicos.
El estado de catástrofe tendrá una duración acotada sujeta a evaluación.