Este jueves 9 de julio, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud (Fedeprus) contra el Presidente Sebastián Piñera, el exministro de Salud Jaime Mañalich y el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.
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La acción judicial acusa a las citadas autoridades y al exministro de Estado de cuasidelito de homicidio, en alusión a cuatro profesionales de la salud fallecidos de Covid-19. Según la acusación, las víctimas no contaron con suficientes elementos de protección personal.
Otros delitos que fueron consignados en la querella son los de negociaciones incompatibles y tráfico de influencias, a propósito del sumario administrativo que abrió el propio subsecretario Zúñiga por una denuncia en contra de Orlando Durán, jefe de la División de Atención Primaria, respecto a presuntas contrataciones de forma irregular de hoteles que son usados como residencias sanitarias. Cabe destacar que Durán también figura como presunto responsable en el documento.
Asimismo, también se acusa a los mencionados, particularmente al Presidente Piñera y al exministro Mañalich, de denegación de auxilio y abandono de servicios, respecto de las estrategias y metodologías “fallidas” implementadas por el Gobierno, según indica la acción judicial.
En este punto, se acusa "una negligencia grave, como descuido consciente y voluntario de sus deberes de garantizar la protección del derecho a la vida y a la salud de los habitantes de la Nación" y hacen referencia al uso de términos como 'Nueva Normalidad’.
A esto se suma la revelación de secretos públicos o entrega de papeles y el retardo o negativa de protección o servicios.
Cabe destacar que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ya había presentado una querella en junio pasado contra Piñera, Mañalich y Zúñiga, además de la subsecretaria Paula Daza —quien no figura con nombre y apellido en esta reciente acción judicial— por la muerte de residentes de la comuna.