El Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley humanitaria, cuyo objetivo es sustituir las penas de cárcel de las personas que cumplan al menos uno de los tres requisitos especificados en el texto de quince páginas redactado por el Ejecutivo.
De acuerdo con La Tercera, la iniciativa contempla tres escenarios para permutar la pena de cárcel en un recinto penal por arresto domiciliario: personas diagnosticadas con una enfermedad en fase terminal; personas con un menoscabo físico grave e irrecuperable que provoque una dependencia severa; y personas condenadas que tengan 75 años o más de edad y que hubiesen cumplido, al menos, la mitad de la condena impuesta.
Sobre el apartado de la edad, el Ejecutivo propone que los posibles beneficiados deban cumplir, al menos, la mitad de la condena antes de solicitar el privilegio. Para los condenados a cadena perpetua simple o calificada deberán cumplir 20 años y 40 años de privación de libertad efectiva, respectivamente.
Según el Gobierno, el objetivo de la ley humanitaria “es garantizar el respeto de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, cualquiera sea su edad, origen, sexo o condición, así como también avanzar hacia una sociedad más compasiva y humanitaria”.
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